Refuerzo del acceso a la justicia y protección de los derechos humanos de la población palestina en Jerusalén Este

Jerusalén Este está situada en la parte oriental de la ciudad, fue anexionada de forma unilateral por Israel en 1967 y la comunidad internacional la considera territorio palestino ocupado. La población palestina que vive en esta zona no cuenta con la categoría de ciudadanos/as, sino que se consideran «residentes permanentes», un estatus jurídico frágil que puede ser revocado y que limita el acceso a los servicios básicos, los derechos sociales y económicos, la libertad de circulación y el derecho a la vivienda. Este marco legal desigual se agrava por las restricciones urbanísticas, la falta de inversión pública, la presión fiscal y la fragmentación territorial causada por el muro de separación y los controles militares, que aíslan a barrios enteros como Kufr Aqab y el campo de refugiados de Shoufat. La población vive en un contexto marcado por una ocupación prolongada, la discriminación estructural y un riesgo creciente de desplazamiento forzoso.

Ante este escenario, el proyecto propone una acción integral de la Sociedad de St. Yves – Centro Católico de Derechos Humanos, que cuenta con una larga trayectoria de asistencia legal gratuita a la población palestina.

El proyecto se estructura en torno a dos ejes estratégicos complementarios, con los que se combinará la asistencia jurídica directa, la sensibilización comunitaria y el uso de herramientas tecnológicas innovadoras para facilitar el acceso a información y servicios. Así, se busca: 1) Mejorar el acceso de la población palestina de Jerualén Este a los servicios de defensa de los derechos sociales y económicos; y 2) Reforzar la capacidad de la comunidad y de los actores locales para identificar y responder a violaciones de derechos humanos.

El proyecto tiene una duración de dos años y prevé atender a 2.480 personas de forma directa y más de 12.000 personas como beneficiarias indirectas. Se presenta el primer año del proyecto, durante el cual se llevarán a cabo las siguientes acciones: 650 consultas jurídicas en derechos sociales y económicos, 250 servicios jurídicos para la obtención de reducciones en el impuesto municipal Arnona (grava a los propietarios de edificios y terrenos), 200 servicios jurídicos de residencia y el inicio de un caso de litigio estratégico para impugnar una política discriminatoria con impacto colectivo164.932. Además, se organizarán dos “oficinas jurídicas móviles” en el barrio de Kufr Aqab y en el campo de refugiados de Shoufat, se elaborarán informes jurídicos dirigidos a la comunidad internacional, se realizará una campaña digital de sensibilización/información sobre derechos de residencia y se realizarán dos sesiones comunitarias de sensibilización jurídica.

El importe solicitado cubre parte de los gastos de personal local y servicios técnicos y profesionales.

La propuesta contribuye a defender el derecho de la población palestina de Jerusalén Este a vivir con dignidad, mantener la unidad familiar y resistir los procesos de desplazamiento forzoso y segregación estructural.