El proyecto pretende la implicación de la comunidad educativa desde el enfoque basado en los derechos humanos. En este sentido, el proyecto no se centra únicamente en asistir las necesidades de las personas involucradas, sino que reconoce que son personas que tienen derechos reconocidos pero que también tienen y asumen obligaciones y responsabilidades que las hace participantes activas y corresponsables de los procesos de desarrollo que desarrollarán la implementación del proyecto.

Así, se plantean cuatro líneas de actuación vinculadas con el enfoque basado en los derechos humanos y con el Plan Nacional de Educación 2017 hasta 2021.

– Intecambio cultural sobre realidades de desarrollo en contextos diferentes.

– Formación de docentes, con la nueva modalidad de Encuentros Pedagógicos de Interaprendizaje (EPI). Con el proyecto se cubrirá el 20% de los gastos de esta formación. El resto lo aporta el Ministerio de Educación (60%) y Municipalidad (20%).

– Mejora de la infraestructura escolar mediante pequeñas inversiones en ambientes educativos. El proyecto se desarrollará a partir de enero de 2018 y, a partir de ahí se determinarán las necesidades que presentan los centros educativos.

– Una mayor cobertura educativa.

La zona de incidencia del proyecto serán 10 centros de educación primaria: Colegio Público Cristo Rey y las escuelas rurales José Julián, Ramón Alfaro, Eladio Garmendia, Rafaela Herrera, José Santos Zelaya, Cacique Diriangen, Emmanuel Mongalo, Edmundo Díaz Ríos y Salvador Vílchez.