Fortalecer la capacidad de articulación a favor del derecho humano al agua y la defensa de los territorios contra proyectos extractivos

En 2022, se aprobó la Ley General de Recursos Hídricos (LGRH) que, aunque reconoce el derecho humano al agua, está siendo implementada favoreciendo las empresas privadas en detrimento de las juntas de agua comunitaria, de las cuales hay más de 2.500 en todo el país. La ley obliga a la legalización de todos los sistemas de agua, pero solo 500 juntas lo ha conseguido, mientras que son 18.731 las industrias ya registradas y con derechos asegurados sobre el agua. Este hecho muestra una clara orientación de la política hídrica del Estado a favor de las grandes empresas y el sector privado, privilegiando las ganancias por encima del derecho humano al agua.

La Mesa Territorial de la Libertad (MTLL) se articuló en 2021 como una respuesta urgente a la necesidad de coordinar los esfuerzos de las entidades sociales y ambientales frente a la explotación del mayor acuífero que tiene la zona, el de San Juan Opico, por megaproyectos urbanísticos. Actualmente, en el área circundante del acuífero de San Juan Opico hay 81 Sistemas Autónomos de Agua Potable y Saneamiento (SAPS), que abastecen a unas 113.089 personas, el 49,3% de la población de los municipios a los que pertenecen, que es de 229.394 personas.

La mayoría de las personas atendidas por los SAPS viven en áreas rurales y urbano-marginales que las ubica entre las poblaciones más empobrecidas y excluidas de las políticas públicas nacionales. Del total de juntas de agua, el 43% (35) ha presentado la documentación para registrar los sistemas, pero solo 7 la han obtenido hasta el momento. De este total, 30 juntas han recibido el apoyo del Fons a partir de las acciones realizadas en los proyectos aprobados en 2023 y 2024.

La situación de las juntas de agua se verá agravada con la aprobación de la Ley General de Minería Metálica, que representa una amenaza directa para la gestión comunitaria del agua en estas poblaciones.

El proyecto se plantea fortalecer la capacidad de articulación regional y nacional de dos maneras: la primera, fortalecer la Asociación de los Sistemas de Agua de La Libertad (ASAGUALL) para que pueda acompañar a los SAPS, facilitando su organización, gestión administrativa y el cumplimiento de sus obligaciones; la segunda, fortalecer la capacidad de articulación de la Red Nacional y el Foro de Agua para implementar estrategias conjuntas de resistencia y defensa del territorio principalmente en lo que se refiere a la defensa contra los impactos de la minería metálica.